Carlos Graterol
11 de may de 2024
Exigen que los senadores se centren en cuestiones más apremiantes y que representen verdaderamente los intereses de todos los residentes del estado
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En medio de la creciente preocupación por la aprobación del proyecto de ley HB10 en el Senado de Carolina del Norte, la comunidad del estado ha expresado su firme oposición. La HB10 busca obligar a los alguaciles locales a colaborar con ICE, argumentando que los inmigrantes representan una amenaza para la seguridad pública. Sin embargo, muchos argumentan que esta medida no solo carece de base, sino que también podría tener consecuencias negativas para la comunidad y las fuerzas del orden.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes señalan que la HB10 podría socavar la confianza en las autoridades locales y exponer a los condados a demandas costosas por posibles violaciones constitucionales. Además, destacan que la verdadera motivación detrás de esta legislación parece ser política, en lugar de abordar los problemas urgentes que enfrenta el estado.
La comunidad inmigrante de Carolina del Norte, que contribuye significativamente a la economía del estado con miles de millones de dólares en impuestos cada año, ha expresado su frustración por ser utilizada como un peón político en un debate partidista. Exigen que los senadores se centren en cuestiones más apremiantes y que representen verdaderamente los intereses de todos los residentes del estado.
En un momento en que la diversidad y la inclusión son valores fundamentales para la sociedad, el rechazo a la HB10 es un llamado a la acción para proteger los derechos y la dignidad de todas las comunidades en Carolina del Norte. Los defensores de los derechos civiles instan a los líderes estatales a trabajar en conjunto para encontrar soluciones que promuevan la justicia y la equidad para todos los residentes, independientemente de su origen o estatus migratorio.
Fuente: Nota especial
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